El Registro Civil uruguayo enfrentó a comienzos de este año un panorama complejo en cuanto a la gestión documental de extranjeros. Una acumulación de cerca de 28.000 expedientes trancados, entre solicitudes de nacionalidad y trámites administrativos, marcaba un cuello de botella que dificultaba la respuesta institucional y afectaba directamente a miles de personas que esperan regularizar su situación en el país. En tan solo cuatro meses, la Dirección logró reducir ese atraso en un 20%.
El problema venía gestándose desde hace años, según reconocen fuentes de la administración, debido a una combinación de factores: el aumento sostenido de personas extranjeras solicitando ciudadanía o inscripciones, la falta de personal especializado y la lentitud de los procesos de revisión documental. A esto se sumaron cambios en los criterios y mecanismos de verificación, lo que derivó en un embudo burocrático que dejó a decenas de miles de trámites detenidos por tiempo indefinido.
La llegada de un nuevo equipo a la Dirección General del Registro Civil, liderado por Eduardo Vítora, puso en marcha un proyecto para resolver la situación. La meta prioritaria fue disminuir el volumen de expedientes, incrementar la eficiencia interna y acelerar los tiempos de respuesta. En solo cuatro meses, las medidas adoptadas permitieron liberar aproximadamente 5.600 expedientes, lo que supone un progreso del 20% en comparación con el total recibido.
Dentro de las acciones implementadas se destacó la reestructuración del grupo técnico, la reubicación de empleados con experiencia en la gestión de la nacionalidad y la implementación de herramientas digitales para supervisar y gestionar los expedientes. Además, se definieron nuevos tiempos internos y se mejoró la colaboración con otras entidades involucradas en los procesos, como la Dirección Nacional de Migración y el Ministerio de Educación y Cultura.
El énfasis principal se centró en los procesos de adquisición de ciudadanía, un derecho otorgado a los descendientes de uruguayos nacidos fuera del país o a extranjeros con lazos familiares directos en el territorio. Numerosos casos de este tipo llevaban años en espera, a pesar de que en varios sentidos los criterios estaban satisfechos.
Según la administración actual, uno de los principales cuellos de botella estaba en la validación de documentación extranjera, un proceso que en ocasiones se torna lento debido a la diversidad de criterios consulares y a las dificultades para verificar actas emitidas en países con sistemas registrales precarios o conflictivos. Para atender esta situación, el Registro Civil comenzó a trabajar en una actualización de convenios bilaterales y en una cooperación más estrecha con embajadas acreditadas en Montevideo.
Otra línea de acción importante fue el trabajo conjunto con organizaciones de migrantes y la sociedad civil, que permitieron identificar los casos más urgentes y canalizar reclamos mediante mecanismos de atención directa. En este sentido, se abrieron canales específicos para el seguimiento de trámites demorados y se mejoró el acceso a la información sobre el estado de los expedientes.
Desde la Dirección se admite que el retraso sigue siendo significativo, pero se aprecia de manera favorable la dirección de mejora. La meta para el cierre de este año es disminuir en al menos un 50% el número total de trámites sin resolver. Para alcanzarlo, se están evaluando aumentos presupuestarios, la contratación de personal temporal y la automatización de algunos procesos esenciales, tales como las notificaciones y la asignación de citas.
La problemática de los expedientes detenidos impacta de forma significativa a individuos que requieren ejercer sus derechos esenciales, tales como obtener una cédula de identidad, un pasaporte, atención médica o registro educativo. En ciertos escenarios, los retrasos han causado daños específicos en el ámbito laboral o en la reunificación familiar.
El Registro Civil subraya que la descongestión no solo implica una mejora en la administración pública, sino que también refleja el compromiso estatal con la inclusión y el respeto por los derechos de la población migrante, la cual ha aumentado de manera constante en Uruguay en los últimos años.
Con la obtención de los resultados iniciales, la actual gestión está enfocada en fortalecer una cultura institucional que sea más dinámica, proactiva y comprensiva, con el objetivo de restablecer la confianza de los usuarios y asegurar un acceso igualitario a los servicios de registro para todos los ciudadanos, independientemente de su procedencia.