La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este miércoles la firme posición del Gobierno federal en oposición a la pena capital, sin importar la gravedad del crimen o la identidad involucrada. Esta afirmación se da en medio de las recientes resoluciones judiciales en Estados Unidos, donde se decidió no aplicar la pena máxima a los supuestos narcotraficantes mexicanos Ismael «el Mayo» Zambada y Rafael Caro Quintero.
Durante una conferencia de prensa, la mandataria precisó que esta posición responde a una convicción jurídica y ética arraigada en la legislación mexicana. “No importa el delito. No es algo con lo que coincidimos”, señaló, remarcando que esta postura es parte de la política nacional, no de un criterio personal.
Estados Unidos descarta aplicar la pena capital
La decisión de la Fiscalía estadounidense fue comunicada a la Corte del Distrito Este de Nueva York. En documentos oficiales, el fiscal a cargo notificó a los jueces y a las respectivas defensas que la Fiscalía General de ese país ha ordenado no buscar la pena de muerte en los casos de ambos acusados. Esta determinación zanja semanas de especulación en torno a si se aplicaría o no esta medida extrema, especialmente dado el perfil de los acusados y la gravedad de los cargos que enfrentan.
Tanto Zambada como Caro Quintero se han declarado inocentes ante los tribunales estadounidenses. En el caso de Zambada, enfrenta 17 cargos, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de armas. Por su parte, Caro Quintero enfrenta acusaciones por narcotráfico y por el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena, ocurrido en 1985.
Procedimiento de traslado sin extradición oficial
Ambos sospechosos están detenidos en Estados Unidos, aunque aún no se ha formalizado su extradición según el tratado actual entre los dos países. Zambada fue capturado en Texas el 25 de julio del año pasado, después de aparentemente haber sido inducido a tomar un vuelo hacia Estados Unidos. En septiembre compareció ante la corte y se proclamó no culpable.
En el caso de Caro Quintero, su traslado ocurrió en febrero, junto con otros 28 presuntos delincuentes. El envío fue realizado por el Gobierno de México bajo una disposición de la ley de seguridad nacional, que permite expulsiones sin pasar por un proceso formal de extradición. Este procedimiento generó dudas respecto a si la pena de muerte podría ser aplicada en ausencia del condicionante legal que impide a México extraditar a ciudadanos a países donde podrían enfrentar tal castigo.
Principio de reciprocidad y respeto a tratados internacionales
Sheinbaum subrayó que, según los tratados internacionales que regulan la entrega de ciudadanos mexicanos, un requisito es que no se les aplique la pena de muerte en el país que los reciba. Este principio recíproco ha sido una constante en la diplomacia de México, respaldado por la Constitución y acuerdos multilaterales.
El posicionamiento del Gobierno no solo responde a un principio legal, sino también a una visión de derechos humanos ampliamente aceptada dentro del marco jurídico nacional. México ha abolido la pena de muerte desde hace décadas, y su legislación impide colaborar con procedimientos que podrían derivar en su aplicación.
Consecuencias diplomáticas y legales
La decisión de Estados Unidos de respetar esta línea en los casos de alto perfil como los de Zambada y Caro Quintero refuerza los compromisos bilaterales en materia de cooperación judicial. Aunque ambos casos continúan en curso, la exclusión de la pena de muerte despeja un punto de tensión que pudo haber tenido implicaciones diplomáticas entre los dos países.
Con este precedente, se consolidan mecanismos de entendimiento entre autoridades mexicanas y estadounidenses en el tratamiento de delitos trasnacionales, en especial aquellos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. La posición de México marca un límite claro respecto a su participación en procesos judiciales internacionales, asegurando que sus ciudadanos, sin importar el delito, sean tratados bajo estándares compatibles con sus leyes y valores constitucionales.
Panorama judicial en evolución
Ambos asuntos siguen captando interés en la escena pública y legal. La observación de los procedimientos judiciales en Estados Unidos definirá el desarrollo de las imputaciones y las posibles sanciones, mientras que en México persiste el compromiso de asegurar el respeto a los principios legales que guían su política exterior.
La negación categórica de la pena capital por parte del Gobierno mexicano se mantiene firme como una política de Estado, al margen de la presión de los medios de comunicación, la severidad de los crímenes o el historial de los imputados. La consistencia en esta actitud fortalece el compromiso de México con un sistema judicial enfocado en los derechos humanos, aun en los casos más complejos.