El conflicto salarial en el sector público uruguayo ha tomado un nuevo impulso con la propuesta presentada por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que plantea un ajuste salarial vinculado directamente al crecimiento económico del país. La organización sindical busca que los sueldos de los trabajadores públicos no solo recuperen el poder adquisitivo perdido, sino que también se incrementen en función de la expansión del Producto Interno Bruto (PIB), como forma de garantizar una mejora sostenida en las condiciones de vida del funcionariado.
La plataforma presentada por COFE ante el Poder Ejecutivo incluye cuatro ejes centrales: una recuperación del salario real, la regularización de los vínculos laborales tercerizados, el fortalecimiento de la carrera administrativa y el aumento de la plantilla funcional del Estado. En el centro del reclamo está el argumento de que el Estado debe dar señales claras de justicia distributiva, priorizando a los trabajadores que perciben menores ingresos.
Sin embargo, el planteamiento ha sido recibido con cautela por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que opina que la propuesta sobrepasa las capacidades económicas actuales del Estado. Desde el ministerio laboral, se ha manifestado inquietud por la repercusión que un notable aumento en los salarios podría tener sobre el balance fiscal, en una situación donde el gobierno se esfuerza por mantener las finanzas públicas en equilibrio.
En el encuentro realizado entre COFE y el Poder Ejecutivo, los funcionarios gubernamentales expusieron un cuadro sobre la situación económica y fiscal, destacando que, aunque hay indicios de aumento, las limitaciones presupuestarias continúan siendo significativas. La opinión oficial indica que cualquier ajuste debe ser cauteloso, gradual y acorde con las capacidades reales del presupuesto nacional.
Por su parte, desde COFE se enfatizó que la recuperación del salario real no es un lujo, sino una necesidad urgente. Argumentan que durante años el sector público ha absorbido congelamientos, recortes y ajustes que han afectado el poder de compra de los trabajadores. En ese sentido, los dirigentes sindicales aseguran que la situación económica actual del país permite avanzar en mejoras sin comprometer la estabilidad fiscal, siempre que se dé prioridad a los sueldos más rezagados.
Uno de los puntos más sensibles del planteo sindical tiene que ver con la regularización de los vínculos laborales. COFE denunció que persiste un alto número de funcionarios contratados de forma precaria o tercerizada, lo cual impacta no solo en sus derechos laborales, sino también en la eficiencia y transparencia de la administración pública. Exigen, por tanto, un plan de formalización progresiva que permita incorporar a estos trabajadores en la plantilla oficial, con concursos que garanticen igualdad de oportunidades.
La carrera administrativa también forma parte de la agenda. El sindicato reclama que se respete la promoción por mérito y que se retome el mecanismo de concursos para acceder a cargos jerárquicos, evitando designaciones discrecionales o sin respaldo técnico. En cuanto al fortalecimiento de la plantilla, COFE advierte que muchas oficinas públicas operan con personal insuficiente, producto de jubilaciones no sustituidas y restricciones para nuevas contrataciones.
El debate recién comienza, pero ya perfila una negociación tensa. El gobierno deberá balancear las demandas sindicales con su política de responsabilidad fiscal, en un año donde también se juegan definiciones políticas relevantes. Para COFE, lo que está en juego no es solo el salario, sino el rol del Estado como empleador ejemplar y garante de derechos laborales.
La siguiente fase de conversaciones será crucial para definir la dirección del ajuste. Mientras esto ocurre, el sector público continúa operando con la esperanza de que este momento de diálogo produzca un cambio concreto en su día a día. Este proceso de negociación, asimismo, podría establecer un precedente para futuros acuerdos salariales, tanto en el ámbito público como en el privado, debido al importante rol simbólico y efectivo que el Consejo de Salarios desempeña en la estructura institucional uruguaya.