En Uruguay, el Congreso ha comenzado a discutir un proyecto de ley que pretende autorizar la eutanasia activa, situando al país como el posible tercero en América en permitir esta práctica, después de Colombia y Canadá. La propuesta, promovida por legisladores de varios partidos, busca crear un marco legal para que personas con enfermedades graves e irreversibles, o en situaciones de sufrimiento intolerable, puedan optar por una muerte asistida bajo condiciones rigurosas y con supervisión médica.
La propuesta contempla que cualquier persona mayor de edad, con plena capacidad de decisión, pueda solicitar de manera voluntaria y expresa la eutanasia. Para ello, se establecería un procedimiento regulado que incluye la evaluación por parte de al menos dos profesionales de la salud, quienes deberán confirmar tanto el diagnóstico como el pronóstico del paciente. Además, se estipula un plazo de reflexión, durante el cual el solicitante podrá revocar su decisión en cualquier momento.
El plan también integra medidas de protección para los trabajadores de la salud, respetando la objeción de conciencia. De este modo, aquellos médicos que prefieran no involucrarse en el proceso por razones personales, morales o religiosas tienen la opción de no participar, asegurando que el paciente reciba el cuidado necesario mediante otros médicos que estén dispuestos a realizar el procedimiento.
La discusión legislativa se produce en un contexto regional y global donde el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido ha ganado relevancia. En América, Colombia fue pionera al despenalizar la eutanasia en 1997 y reglamentarla en 2015, mientras que Canadá legalizó la asistencia médica para morir en 2016, ampliando posteriormente los criterios de acceso. Países europeos como Países Bajos, Bélgica y España también cuentan con leyes que permiten esta práctica bajo determinadas condiciones.
En Uruguay, el tema no es nuevo, pero sí ha ganado impulso en los últimos años debido a casos mediáticos y al respaldo de organizaciones que defienden el derecho a una muerte digna. Estas agrupaciones argumentan que la legislación actual, que penaliza la eutanasia, no contempla adecuadamente situaciones en las que el sufrimiento físico o psíquico no puede ser aliviado por medios paliativos.
Por otro lado, grupos opuestos a la propuesta argumentan que la autorización podría dar lugar a maltratos o coacciones hacia personas en situaciones delicadas, tales como ancianos, pacientes con discapacidades graves o individuos con trastornos de salud mental. Además, sugieren que se debería enfocar en mejorar los cuidados paliativos y brindar un apoyo completo a pacientes y familias.
El debate en el Parlamento uruguayo se anticipa intenso y probablemente prolongado, con audiencias públicas que incluirán la participación de expertos en medicina, bioética, derecho y representantes de la sociedad civil. La decisión final podría sentar un precedente importante para otros países de la región que observan de cerca la evolución del proceso.
Si la legislación es aceptada, Uruguay se uniría al pequeño grupo de países que reconocen el derecho de las personas a tomar decisiones sobre el cierre de su vida, con una regulación que intenta equilibrar la autonomía personal con la obligación del Estado de cuidar a sus ciudadanos. La discusión promete ser un punto de inflexión en la agenda legislativa y en el debate ético del país.