El gobierno nacional comenzó una nueva fase del Diálogo Social, recogiendo propuestas de diferentes organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, cámaras empresariales y otras entidades, en un esfuerzo por promover la creación de políticas públicas más inclusivas y sostenibles. Este proceso, promovido como parte del compromiso del Ejecutivo con la democracia participativa, también renovó la invitación a los partidos de la oposición para que participen activamente en las discusiones.
Desde que comenzó esta etapa, el Gobierno ha enfatizado que la meta es progresar hacia un pacto nacional que potencie sectores esenciales como el crecimiento económico, el empleo decente, la seguridad social, la sostenibilidad del medio ambiente y el perfeccionamiento del sistema de enseñanza. Para lograrlo, se creó un canal oficial a través del cual las entidades pueden presentar sus sugerencias formalmente, las cuales serán recogidas y evaluadas por grupos técnicos antes de su discusión en las mesas de trabajo.
Hasta ahora, se han recibido más de 60 propuestas que cubren una variedad amplia de temáticas. Entre las más sobresalientes se encuentran las dirigidas a promover la igualdad de género, la transición hacia energías sostenibles, la integración de personas con discapacidades, el avance de la salud mental y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Además, se entregaron documentos con sugerencias para el sistema de cuidados, la descentralización y la innovación en el entorno rural.
Una de las novedades de esta etapa es que las propuestas se pueden enviar directamente a través de la web oficial del proceso, lo que ha facilitado la participación de actores diversos, incluso desde el interior del país. En paralelo, el gobierno ha intensificado los contactos con organizaciones sociales para animarlas a sumarse activamente al debate.
Aunque el ambiente político ha estado caracterizado por polarización, el Ejecutivo volvió a llamar a los partidos de oposición para que se sumen a las conversaciones de diálogo. La invitación fue oficialmente dirigida a todas las fuerzas con representación en el parlamento, con la esperanza de que el acuerdo prevalezca sobre las diferencias temporales. Según fuentes del gobierno, el diálogo no busca sustituir las instituciones actuales, sino complementarlas, ofreciendo aportes específicos a las decisiones del Estado.
Desde diversos ámbitos empresariales y sociales, se ha apreciado favorablemente la creación de este espacio. Voceros del sector cooperativo, grupos ambientalistas, universidades y entidades laborales han coincidido en resaltar la relevancia de un entorno inclusivo y horizontal donde se consideren perspectivas variadas sobre el país.
Sin embargo, continúan existiendo ciertas inquietudes. Algunos participantes opinan que experiencias previas similares no se convirtieron en políticas públicas eficientes, por lo cual ahora se demanda mayor precisión en los métodos de monitoreo y evaluación. En este contexto, el gobierno prometió que, al concluir la fase de recopilación de propuestas, se redactará un reporte público destacando las principales acciones propuestas y se definirá un calendario de trabajo para llevar a cabo medidas específicas.
El Diálogo Social continuará abierto durante los próximos meses, con la meta de construir una hoja de ruta para el desarrollo sostenible del país, que trascienda los ciclos electorales y permita afianzar un modelo más justo, resiliente e inclusivo. La expectativa ahora está puesta en si se logrará sumar a la oposición y en cómo se integrarán las propuestas ciudadanas al diseño de las políticas públicas.