En una jornada caracterizada por amplias discusiones entre diversas corrientes políticas, el Senado de la República dio luz verde por mayoría a un conjunto de cambios en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las enmiendas pretenden modernizar el marco regulatorio ante los retos del entorno digital actual, reforzar los derechos de los consumidores y asegurar una competencia más justa en los sectores de telecomunicaciones y medios.
Entre los principales cambios aprobados destaca el reconocimiento explícito del acceso a internet como un derecho fundamental, lo cual obliga a las autoridades a establecer condiciones que aseguren una conectividad asequible, continua y de calidad para toda la población, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. Esta disposición se alinea con los compromisos asumidos en materia de inclusión digital y desarrollo social.
Las modificaciones también abordan temas de regulación más estricta para plataformas digitales que ofrecen servicios audiovisuales a través de internet. Si bien no se trata de una regulación directa de contenidos, se establecen lineamientos sobre transparencia en algoritmos de recomendación, publicidad dirigida y mecanismos de queja para los usuarios. Se busca así avanzar en la protección de derechos de consumidores digitales sin frenar la innovación tecnológica ni imponer cargas excesivas a los proveedores de servicios.
Uno de los temas más debatidos fue la modificación del concepto de “preponderancia” en el sector, que ahora incluye nuevas métricas sobre cuota de mercado y gestión de infraestructura, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Esto le permitiría al regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), implementar medidas asimétricas con mayor exactitud para prevenir abusos de poder de mercado y promover la competencia.
Asimismo, se incorpora una disposición que obliga a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones a cumplir con estándares mínimos de accesibilidad para personas con discapacidad. Esto incluye la incorporación de subtítulos, lenguaje de señas y descripciones auditivas en ciertos contenidos, así como interfaces adaptadas en plataformas digitales.
En el caso específico de la radiodifusión pública, se introducen mecanismos para garantizar su independencia editorial y sostenibilidad financiera. Se contempla la creación de un fondo especial que permitirá financiar contenidos culturales, educativos y de interés social, sin depender exclusivamente de recursos presupuestarios anuales ni de publicidad comercial.
Las reformas también hacen énfasis en la protección de datos personales en el contexto digital. Las empresas del sector deberán implementar políticas claras de manejo de información y ofrecer a los usuarios mecanismos efectivos para ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO). De igual forma, se establecen límites a la retención de datos por parte de proveedores de servicios móviles y de internet.
Otro avance importante es la inclusión de disposiciones para la promoción de contenidos nacionales y el fortalecimiento de la producción independiente. Las plataformas con una presencia significativa en el mercado mexicano deberán destinar un porcentaje de su catálogo a obras producidas en el país o en coproducción con casas productoras nacionales, con el objetivo de incentivar la diversidad cultural y apoyar a la industria audiovisual local.
El fallo recibió el apoyo de la mayoría de las fracciones parlamentarias, aunque algunos diputados manifestaron inquietudes respecto a posibles impactos secundarios de ciertas medidas sobre la libertad de expresión o la capacidad operativa de pequeñas empresas del sector. No obstante, el consenso general resaltó la importancia de renovar la legislación frente a un entorno digital que avanza rápidamente y cuya influencia en la vida pública es cada vez más significativa.
El documento ahora será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y posible ratificación. De ser aprobado en sus términos, marcará una de las reformas más relevantes en la materia desde la promulgación de la ley original en 2014, consolidando un marco legal más acorde con los retos actuales de la convergencia tecnológica, la equidad digital y la protección de derechos en el entorno informativo.