En un fallo que marca un punto clave en la controversia jurídica y política que rodea al exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, una jueza de Mercedes concluyó que no existen impedimentos legales que obstaculicen su regreso al cargo de intendente. La resolución también rechaza el pedido formulado por la fiscal del caso, quien había solicitado que se informara de forma urgente a la Corte Electoral sobre la situación del exjerarca, procesado con medidas limitativas de libertad.
El planteamiento de la fiscalía surgió luego de que Besozzi fuera imputado el pasado mes por abuso de funciones, en el marco de una investigación vinculada a presuntas irregularidades durante su anterior mandato. Como parte de las medidas cautelares impuestas, se le prohibió salir del país y acercarse a dependencias de la Intendencia, salvo autorización judicial. No obstante, el procesamiento no incluyó prisión preventiva ni inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La fiscal a cargo del caso consideró que la seriedad del proceso requería informar a la Corte Electoral de forma inmediata, con el fin de evitar que Besozzi asumiera el cargo de intendente si su lista del Partido Nacional ganaba en las elecciones departamentales. No obstante, la jueza rechazó este planteamiento al opinar que no hay una obligación legal explícita para realizar esa comunicación, y afirmó que cualquier resolución sobre su nombramiento deberá analizarse oportunamente conforme a las circunstancias del fallo judicial en curso.
En la decisión, se indica que las medidas cautelares «no suponen una inhabilitación para desempeñar cargos electivos» y que, por lo tanto, el acusado mantiene sus derechos políticos mientras no haya una sentencia condenatoria definitiva. También se especifica que el procesamiento es una fase intermedia en el proceso penal, la cual puede cambiar conforme avance la investigación.
La resolución judicial avivó la discusión sobre el alcance de las medidas cautelares en procedimientos penales donde están implicadas personalidades reconocidas. Algunos grupos critican que la legislación actual permita que individuos acusados de delitos sigan en sus puestos o aspiren a cargos públicos. Otros, por otro lado, respaldan el principio de presunción de inocencia y argumentan que cualquier limitación al ejercicio de los derechos políticos debe derivar de una sentencia judicial definitiva.
Desde el entorno político de Besozzi, se valoró positivamente la resolución, argumentando que la misma ratifica su derecho a ejercer un cargo para el que fue electo por votación popular. Voceros del Partido Nacional en Soriano sostuvieron que el fallo respalda la tesis de que no hay impedimentos legales para que Besozzi retome funciones si así lo decide el electorado.
El caso ha generado atención nacional debido a la proyección pública de Besozzi, quien ha sido una figura de peso en la política departamental durante los últimos años. Su procesamiento, ocurrido semanas antes de las elecciones internas, abrió un escenario inédito, en el que el sistema judicial y el sistema electoral convergen en una misma controversia.
En tanto, la investigación criminal avanza. El ministerio público sigue reuniendo evidencia sobre los supuestos abusos de autoridad vinculados a adjudicaciones directas y probables irregularidades administrativas en el manejo de la alcaldía. Personas allegadas al caso señalaron que se anticipan más declaraciones de testigos y análisis periciales que podrían prolongar el proceso por varios meses.
Por su parte, la Corte Electoral aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación, y se mantiene a la espera de los desarrollos judiciales. En caso de que la lista encabezada por Besozzi resulte victoriosa en las elecciones de octubre, se abrirá una nueva etapa de análisis jurídico y político sobre su eventual asunción y la compatibilidad entre las medidas judiciales y el ejercicio del cargo.
La resolución de la jueza deja en claro que, por el momento, no existe un impedimento legal para que Besozzi asuma como intendente, siempre que respete las condiciones impuestas. Sin embargo, también advierte que cualquier incumplimiento podría motivar la revisión de las medidas y nuevas disposiciones judiciales. El caso sigue abierto y en desarrollo.