El reciente anuncio de nuevos aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos ha generado sorpresa por incluir en su lista a territorios deshabitados o con economías prácticamente inexistentes. Estos aranceles, promovidos como una medida para proteger los intereses nacionales y fomentar la producción interna, han terminado impactando áreas que no representan una amenaza económica significativa para el país.
Un ejemplo llamativo es el caso de las Islas Heard y McDonald, territorios australianos ubicados en el remoto Océano Índico. Estas islas, deshabitadas y cubiertas en un 80% por hielo, han sido gravadas con un arancel del 10%. Desde finales del siglo XIX, cuando se abandonaron las actividades de caza de focas y elefantes marinos, no ha habido actividad económica significativa en estas islas, catalogadas como Patrimonio de la Humanidad.
Otro territorio australiano afectado son las Islas Cocos, con una pequeña población de 600 personas. Según datos oficiales, el 32% de sus exportaciones están destinadas al mercado estadounidense, principalmente en forma de barcos. Con el nuevo arancel del 10%, estas islas enfrentan desafíos considerables para mantener su flujo comercial.
En el hemisferio norte, la isla noruega de Jan Mayen, conocida por su antigua estación ballenera, también ha sido incluida en la lista de aranceles. Este lugar, descrito como «desolado y montañoso», carece de una población permanente, ya que únicamente recibe personal militar en rotación. Aunque su economía es inexistente, los nuevos aranceles del 10% aplicados a sus escasas exportaciones reflejan el alcance de las medidas adoptadas.
Otro territorio que se ha visto afectado es Tokelau, una dependencia autoadministrada de Nueva Zelanda formada por tres atolones en el Pacífico Sur. Con una población de aproximadamente 1,600 habitantes y una economía de tan solo 8 millones de dólares, sus exportaciones, que apenas alcanzan los 100,000 dólares anuales, también estarán sujetas al arancel del 10%. Estas cifras ponen en duda el impacto real de esta medida en las relaciones comerciales de Estados Unidos.
Un caso particularmente notable es el de Saint Pierre y Miquelon, un territorio francés cercano a la costa de Canadá. Este pequeño archipiélago, con una población de 5,000 personas, se enfrenta a un arancel del 50% sobre sus exportaciones, principalmente mariscos y crustáceos procesados. Esta tasa es significativamente mayor que la aplicada al resto de Francia como parte de la Unión Europea, lo que podría tener un impacto desproporcionado en su ya limitada economía.
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